El portavoz de Cs critica que el Govern siga “incumpliendo las resoluciones judiciales” y cree que el Gobierno de España también es responsable por “consagrar la exclusión del castellano en las aulas con la Ley Celaá”

Parlament de Catalunya, miércoles 25 de agosto de 2021. “El conseller de Educación debe explicar qué hará para implantar en el próximo curso el mínimo del 25% de horas lectivas en castellano en los centros educativos”. Así lo ha dicho el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlament y en la comisión de Educación, Nacho Martín Blanco, que ha anunciado que su partido pedirá la comparecencia del conseller de Educación, Josep González-Cambray, y de la secretaria general, Patrícia Gomà, después de conocer a través de un estudio realizado por la Asociación por una Escuela Bilingüe (AEB) que hasta el 95% de los centros educativos en Cataluña tienen como única lengua vehicular el catalán, excluyendo el castellano e incumpliendo las reiteradas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y del Tribunal Supremo (TS).

Martín Blanco ha explicado que la última sentencia del TSJC “dicta que ese mínimo del 25% de horas lectivas en castellano sea para el conjunto de la comunidad educativa y no solo para los centros donde lo pidan unos padres expresamente”. En este sentido, ha lamentado que el Govern siga “incumpliendo las resoluciones judiciales y nuestro ordenamiento estatutario y constitucional”.

Asimismo, el diputado de Ciudadanos considera que la responsabilidad también es del Gobierno de España, ya que “con la Ley Celaá lo que hace es consagrar esa exclusión del castellano en las aulas catalanas y facilitar a los nacionalistas su manifiesta voluntad de excluir el castellano de la vida pública de Cataluña”. “Le exigimos que adopte las medidas necesarias para que se cumplan las sentencias y para que los niños catalanes tengan derecho a educarse también en castellano en su propio país”, ha sentenciado. Y ha concluido: “Es incomprensible y anómalo que, en un país democrático como España, ciudadanos españoles no tengan derecho a educarse en su lengua materna”.