· El portavoz parlamentario asegura que la Proposición de Ley de C’s sobre pobreza energética “es la solución legal para dotar a las personas más vulnerables de los suministros básicos”

Barcelona, martes 10 de mayo de 2016.

“Nuevos contratos otorgados a dedo, prescripción de infracciones y ninguna explicación. ¿Es así como CDC quiere refundarse?”. Así se lo ha preguntado el portavoz parlamentario de Ciutadans (C’s), Carlos Carrizosa, después de la comparecencia de la consellera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borràs, en el Parlament a petición de C’s por el informe de la Oficina Antifraude de Cataluña sobre el régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Generalitat por parte del anterior director de TV3, Eugeni Sallent. “Borràs no ha dado explicaciones porque el expediente sancionador ha prescrito”, ha criticado.

“La conselleria de Governació, donde estuvo el foco más grande de corrupción en Cataluña, es responsable de controlar la función pública y la vivienda”, ha destacado tras lamentar que la Associació Catalana de Municipis (ACM) haya adjudicado un contrato de 740.000€ a una empresa de dos altos cargos de CDC, Ramon Llastarry y Josep Recaredo. “Éste último ha sido precisamente el asesor en trasparencia de la consellera Borràs”, ha alertado.

Sobre la admisión a trámite de la Proposición de Ley de Ciutadans en materia de pobreza energética por parte de la Mesa del Parlament, Carrizosa ha defendido que “es la solución dentro de la legalidad para dotar a las personas más vulnerables de los suministros básicos”. Y ha recordado la mala gestión de la Generalitat en este asunto: “El gobierno sólo gastó un 20% del fondo de 5 millones de euros destinado a paliar los efectos de la pobreza energética”.

“Los próximos presupuestos deben contar con una partida que cubra la asistencia a las personas que no pueden pagar la luz”, ha propuesto tras insistir en que “es un tema muy serio como para que la Generalitat lo utilice en su política de enfrentamiento institucional”.