La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, dice que Gonzàlez-Cambray actúa como un “matón contra las familias y los directores de escuela que quieren cumplir la ley”

Barcelona, miércoles 1 de junio de 2022.- El presidente del Ciudadanos en el Parlament de Cataluña, Carlos Carrizosa, junto a la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y la portavoz de la formación liberal en el Ayuntamiento de Barcelona, Luz Guilarte, han interpuesto esta mañana una denuncia a la Fiscalía Superior de Cataluña contra el conseller de Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, y todas aquellas personas del Departament de Educació que estarían cometiendo un delito de prevaricación continuada por no aplicar una vehicularidad del español en un 25% en las aulas catalanas, tal como sentenció el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Carrizosa ha recordado que ayer expiró el plazo para cumplir con la sentencia del mínimo de 25% de clases en español en las aulas catalanas “y transcurrido este plazo hoy no hay ningún niño en Cataluña estudiando en español en las aulas catalanas, ¿hay más prueba de desobediencia que esta?”. Para el presidente de los liberales en la cámara autonómica, la actitud desobediente de la Generalitat busca “continuar perpetuando las prácticas mafiosas de coacción y de amenaza a los padres de los niños en toda Cataluña” y convierte a los directores de los colegios “en la barrera para evitar que se cumpla esta sentencia y obligar a cada uno de los padres a ser señalados como lo fueron la familia de Canet”.

Carrizosa ha afirmado que la conselleria de Educació no pretende resolver el conflicto “sino bajarlo a pie de calle” para “continuar obligando a los padres a callar para que sus hijos no sean señalados y esto no se puede consentir en un estado de derecho, es una práctica absolutamente totalitaria”. Por esta razón, el parlamentario liberal también se ha congratulado por las últimas adhesiones que ha recibido su propuesta de elevar al Consejo de Garantías Estatutarias la petición de un dictamen contra el decreto ley firmado por el Gobierno para sortear la ejecución de la sentencia del TSJC. “El CGE tendrá problemas para validar la distinción entre lengua vehicular del catalán y lengua curricular del castellano porque lo que exigen el Tribunal Supremo y el TSJC es la equiparación en la vehicularidad de ambas lenguas, es de cajón”, ha remarcado.

Por otro lado, Carrizosa ha recordado que ayer mismo el Tribunal Constitucional “nos dio amparo en el recurso que interpusimos para evitar que el fugado Puigdemont y el fugado Comín votasen en el Paralment” y esta noticia supone la apertura de un nuevo frente puesto que, como ha advertido el diputado liberal, “con esta sentencia iremos a la Mesa del Parlament y pediremos a su presidenta, la sra Borràs, que ejecute la sentencia y la aplique también al sr Puig, que está fugado y actualmente es diputado en el Parlament y vota por delegación”.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se ha pronunciado en un sentido similar indicando que “estamos ante la Fiscalía del TSJC denunciando al conselle Gonzàlez-Cambray porque está actuando como un matón contra las familias y contra los directores de colegio que quieren no tan solo respetar y cumplir la ley sino respetar a las familias y respetar un proyecto de cohesión social como es el respecto a las diferentes lenguas de nuestra comunidad autónoma”.

Arrimadas ha reprochado al gobierno de Sánchez que no defienda el derecho de los catalanes a disponer de este 25% de enseñanza impartida en español y es por eso que “estamos hoy aquí haciendo lo que el gobierno de España no hace ni ha hecho en los últimos 40 años y probablemente no hará hasta que gobierne Ciudadanos”. La líder de los liberales españoles ha indicado que su formación utilizará todas las herramientas democráticas disponibles “para combatir los atropellos del nacionalismo” ya sea que esto implique denuncias a Fiscalía, al Consell de Garantías Estatutarias o ir a la Comisión Europea, “como hicieron ayer nuestros compañeros para denunciar este atropello” que supone la ley y el “decreto infame” de la Generalitat para saltarse una sentencia del TSJC de obligado cumplimiento.

“Quiero decirles a todos los catalanes que nos hemos sentido abandonados por el gobierno de España, sea del PP o del PSOE, y a todos los catalanes que nos sentimos abandonados por el nacionalismo y, por supuesto, vendidos por el PSC, que aquí seguirá una fuerza política que no se vende, que no se achanta, que no cederá nunca a los chantajes del nacionalismo y que no reculará nunca en la obstinación de defender a todos los catalanes” ha indicado Arrimadas.