El presidente de Cs, Carlos Carrizosa, asegura que “el matonismo de Gonzàlez-Cambray ha llegado demasiado lejos y pone en la línea de fuego a todos los centros escolares de Cataluña”

Barcelona, viernes 10 de junio de 2022. El grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) ha ampliado su denuncia presentada ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, y los responsables de su departamento “por dictar nuevas instrucciones que siguen incumpliendo con la sentencia que obliga a recibir un 25% de español en las aulas catalanas” según ha explicado el presidente de Cs, Carlos Carrizosa. “La Generalitat ha dado un paso más en su desobediencia anunciada al mandar instrucciones a los centros para prohibirles expresamente cumplir la ley y hasta dar respuesta a las familias y entidades que les piden cuentas de la aplicación de la sentencia”, ha afirmado el líder naranja y ha añadido que “el matonismo de Gonzàlez-Cambray ha llegado demasiado lejos y pone en la línea de fuego a todos los centros escolares de Cataluña”.

“No queremos más guerra de lenguas en las aulas ni en la calle ni estamos dispuestos a perder un solo día más, ni digamos un curso entero, para restaurar las libertades lingüísticas de todos”, ha apuntado Carrizosa, quien ha recordado que el Departament d’Educació ni siquiera está dando instrucciones a los centros educativos para incorporar el español como “lengua curricular” a pesar de haberlo pactado con el PSC. “Si había alguna duda de que ese pacto era un engaño y de que nunca ha habido ninguna intención de renunciar al monolingüismo forzoso, que todo era un falso consenso como el de los indultos, ya no es posible engañar a nadie”, ha concluido.

La ampliación de denuncia presentada por la formación liberal apunta a que el Govern podría estar cometiendo un posible “delito de prevaricación continuado” al no cumplir con “el derecho de los ciudadanos a recibir enseñanza en castellano en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos en Cataluña” puesto que dentro de esas instrucciones a las escuelas catalanas “se ordena excluir intencionadamente” la enseñanza en castellano. El texto argumenta que “las autoridades públicas no tienen más alternativa que cumplir con la legalidad vigente al adoptar actos y resoluciones administrativas” y que “esto lo realizan a sabiendas de su ilegalidad e injusticia puesto que garantizar un suelo del 25% de la enseñanza en castellano en la educación sostenida con fondos públicos es una cuestión indiscutible en nuestro ordenamiento jurídico y por tanto, en la que no cabe el más mínimo grado de discrecionalidad, interpretación o excusa”.