Carrizosa: “Sánchez tiene la obligación de garantizar unas elecciones libres y democráticas sin las intromisiones políticas de Torra y Colau”
Cs pide a la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona, a través de un escrito, que retiren los símbolos partidistas en todos sus edificios porque “imponen su ideología”
Barcelona, lunes 4 de marzo de 2019. “Sánchez tiene la obligación de garantizar unas elecciones libres y democráticas sin las intromisiones políticas de Torra y Colau”. Así lo ha dicho el portavoz de Ciudadanos (Cs) en Cataluña, Carlos Carrizosa, después de que Pedro Sánchez haya firmado el decreto de convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril y en referencia a los símbolos partidistas que se exhiben en los edificios dependientes de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.
En declaraciones a los medios de comunicación en la Plaza Sant Jaume de Barcelona, Carrizosa ha afirmado que “aunque Torra y Colau sean los socios de Sánchez, eso no les da derecho a atropellar los derechos de los que no están de acuerdo con los símbolos que se exhiben”, y ha recordado que “las instituciones de la Generalitat y el ayuntamiento son de todos los catalanes”.
Por eso, desde Cs han pedido a Torra y a Colau a través de un escrito que retiren los símbolos partidistas en todos sus edificios porque “imponen su ideología”. “No sé qué pensarían en cualquiera otra democracia si las instituciones públicas toman partido con lemas o ideas que defienden candidaturas que concurren a las elecciones”, ha expuesto Carrizosa, y ha recordado que, ya en las anteriores elecciones, “la junta electoral dio la razón a Cs y dijo que era ilegal mostrar pancartas, lazos o ‘esteladas’ en edificios públicos porque son símbolos partidistas”. “Por mucho que los CDR’s digan que las calles son suyas, son de todos, y las instituciones también”, ha sentenciado.
El portavoz de Cs ha avanzado que, si no responden a su petición, elevarán la queja a la Junta Electoral. También ha lamentado que tenga que ser Cs quien reclame esta cuestión cuando debería ser el Gobierno de España, que es “quien controla la legalidad y el cumplimiento de la Constitución en todo el territorio español”.